La Fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, una decisión conocida entre el 26 y el 28 de octubre de 2026 que dejó sin una vía penal abierta a miles de mujeres que reclaman justicia desde hace casi tres décadas. Según la resolución, fechada el 22 de octubre, la acción penal quedó extinguida por prescripción, en aplicación de una ley aprobada en 2024 que organizaciones de derechos humanos critican con dureza.
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Claves de la noticia
- La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos cerró el caso con una resolución del fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas.
- La investigación alcanzaba a 52 personas, entre ellas el actual senador Alejandro Aguinaga, ministro de Salud durante el gobierno de Fujimori.
- El expediente reunía los casos de 4.172 personas que denunciaron haber sufrido esterilizaciones sin consentimiento; la agencia AFP también informa de cinco muertes.
- El archivo se apoya en la Ley 32107, de agosto de 2024, que limita la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
- Organizaciones feministas y de derechos humanos rechazaron la decisión y piden que se revise.
Qué dice la resolución
De acuerdo con los reportes de agencias y medios peruanos, el fiscal declaró extinguida la acción penal por prescripción y aplicó la llamada Ley 32107. Esa norma, promovida por sectores del fujimorismo y rechazada por organismos de derechos humanos, que la denominan “ley de impunidad”, establece límites para aplicar la imprescriptibilidad a delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.
Un punto central es que la propia resolución, según las crónicas publicadas, admite que hubo intervenciones realizadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las mujeres y que esos hechos reúnen los elementos de un crimen de lesa humanidad. Es decir, el archivo no desmiente lo ocurrido: lo que impide es que se juzgue a los responsables. Según EFE, el fiscal dispuso el archivo para cumplir con lo que manda la ley.
Las víctimas, muchas de ellas mujeres rurales, indígenas y de bajos recursos, lamentaron el cierre del expediente. En el video difundido por MCN en Instagram, varias de ellas expresan su dolor y vuelven a reclamar que los responsables rindan cuentas después de décadas de espera.
El caso y sus antecedentes
Las esterilizaciones forzadas se atribuyen a un programa estatal de planificación familiar aplicado durante el gobierno de Alberto Fujimori, en la segunda mitad de la década de 1990. Las denuncias sostienen que miles de mujeres, sobre todo en zonas rurales y andinas, fueron sometidas a ligaduras de trompas y otras intervenciones sin información suficiente o mediante presiones, y que algunas sufrieron complicaciones graves.
El caso se arrastra en la justicia peruana desde hace años, con idas y vueltas en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Mientras tanto, el mismo día en que trascendió el archivo se publicó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Celia Ramos Durand, reconocida como la primera víctima mortal de estas esterilizaciones, un fallo que vuelve a poner el tema en la agenda regional.
Qué puede pasar ahora
Las organizaciones que acompañan a las víctimas piden revisar el archivo y no descartan acudir a instancias superiores. Hasta el momento, las fuentes consultadas no informan de recursos o impugnaciones presentadas contra la decisión, por lo que no está claro todavía cuál será el próximo paso legal.
El debate de fondo es si los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002 pueden prescribir, algo que choca con el criterio histórico del derecho internacional y con la jurisprudencia de la Corte IDH, que sostiene que estos crímenes no deben quedar impunes por el paso del tiempo. La discusión sobre la Ley 32107 seguirá, probablemente, en el ámbito judicial y político, y el caso de las esterilizaciones es hoy uno de sus ejemplos más sensibles.
Para las sobrevivientes, en tanto, el reclamo no cambia: verdad, reparación y sanción para quienes diseñaron y ejecutaron el programa. Tras casi treinta años, muchas de ellas siguen esperando una respuesta de la justicia.
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