El Consejo de Ministros de Italia aprobó en la noche del martes 20 de octubre un nuevo decreto de seguridad impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni como respuesta a los saqueos y enfrentamientos registrados el fin de semana en Milán y otras ciudades. La norma crea el delito de «participación violenta en una manifestación» y establece que, cuando el autor de los destrozos sea menor de edad, sus padres deberán hacerse cargo de los daños. «El que rompe paga», resumió la mandataria.
Ver esta publicación en Instagram
Claves de la noticia
- El nuevo delito castiga con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros a quien, en grupo de cinco o más personas, arroje piedras, pirotecnia o palos durante una protesta.
- Las penas aumentan si la persona actúa encapuchada o en grupo.
- La detención preventiva, que hasta ahora se aplicaba solo a adultos, podrá usarse también con menores.
- Los prefectos podrán multar con entre 500 y 1.000 euros a los padres de menores que participen de estos hechos; el monto se duplica en caso de reincidencia.
- Quedó afuera la propuesta de dar funciones de policía judicial a los militares, tras objeciones del Ministerio del Interior y de la Presidencia.
El detonante: los saqueos en Milán
Las medidas llegan después de los disturbios del sábado 17 de octubre, cuando grupos violentos se desprendieron de las marchas contra el alto costo de vida y saquearon y destrozaron comercios en el centro de Milán. Hubo también incidentes en otras ciudades del país, como Bolonia, Turín y Bérgamo.
Un dato encendió las alarmas del Gobierno: la gran mayoría de los detenidos eran adolescentes. Según los reportes de la prensa italiana, el número de menores arrestados llegó a 35, la mayoría de 15 o 16 años y casi todos sin antecedentes penales. El Tribunal de Menores de Milán confirmó las detenciones de 11 de ellos. Meloni reveló que el más chico de los involucrados tiene apenas 11 años, un caso que, según dijo, «duele y da miedo». Al mismo tiempo, remarcó que manifestarse es un derecho, pero que lo ocurrido «no es protesta, es criminalidad».
Qué cambia para los padres
El decreto introduce varias herramientas para responsabilizar económicamente a las familias. Además de las multas administrativas que podrán imponer los prefectos, incluso cuando el menor no sea imputable por su edad, el Estado podrá exigir a los padres un pago anticipado a cuenta de la reparación cuando los daños afecten bienes públicos. En el caso de propiedades privadas, los dueños de los comercios damnificados contarán con un procedimiento simplificado para obtener una orden judicial de pago de ejecución inmediata, que los padres podrán impugnar.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció además una reforma del Código Procesal Penal para ampliar el llamado «arresto diferido», que permite detener a una persona después de cometido el hecho antes de que se dicte una orden de prisión. Esa figura ya existía en Italia para casos de violencia doméstica y de incidentes en espectáculos deportivos.
Lo que quedó afuera y lo que puede venir
La versión final del texto fue revisada tras conversaciones con el Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia. La idea de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones de policía judicial, que había impulsado el Ministerio de Defensa, fue descartada ante los reparos del Ministerio del Interior, de los sindicatos y del presidente Sergio Mattarella. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, describió la relación con la Presidencia como fluida y constructiva.
Como todo decreto ley en Italia, la norma entra en vigor de inmediato pero deberá ser convertida en ley por el Parlamento dentro de los 60 días, lo que abre la puerta a un debate con la oposición sobre el alcance de las nuevas penas y su aplicación a menores de edad.
Mirá el video de esta noticia en nuestro Instagram.
