La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves 15 de octubre a miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales y políticas frente al Congreso, en Buenos Aires. Reclamaban que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada terminó con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas federales, con al menos 31 detenidos y ocho agentes heridos, según informó el Ministerio de Seguridad.
Claves de la noticia
- La marcha fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
- Los incidentes comenzaron poco antes de las 16, cuando un grupo de encapuchados arrojó piedras contra el vallado. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.
- Hubo 31 detenidos: seis por la Policía de la Ciudad, entre ellos dos menores de 14 y 17 años, y 25 en los accesos a la estación de Constitución.
- El Ministerio de Seguridad informó ocho agentes heridos: cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura.
- El Gobierno porteño estimó los destrozos en unos 90 millones de pesos, y el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal.
Cómo fueron los incidentes frente al Congreso
Según los reportes periodísticos, la movilización transcurría con normalidad. La columna de la Universidad de Buenos Aires había partido temprano desde Plaza Houssay, y la concentración esperaba el acto central previsto para las 16. Poco antes de esa hora, un grupo de personas con el rostro cubierto rompió parte del mobiliario urbano y lanzó piedras contra los efectivos que custodiaban el vallado del Palacio Legislativo.
Los choques se concentraron en la avenida Rivadavia, cerca de Callao. Allí intervinieron Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, que usaron gases, balas de goma y agua para dispersar a la multitud. Algunos medios también reportaron dos manifestantes asistidos por el SAME. Entre los afectados por la actuación policial hubo legisladores: los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto estaban cerca del edificio anexo de la Cámara baja, y Moreau recibió atención médica.
La Comisión Provincial por la Memoria contabilizó al menos 550 personas afectadas por gases lacrimógenos y balas de goma, según recogió la prensa local. Por su parte, el Gobierno nacional atribuyó los hechos a «los mismos violentos de siempre».
Las posiciones del Gobierno y de las organizaciones
El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. La presentación sostiene que algunos de los involucrados actuaron con el rostro cubierto, dañaron bienes públicos y agredieron a las fuerzas con objetos contundentes.
Las entidades organizadoras, en cambio, cuestionaron el accionar de los antidisturbios y responsabilizaron al Gobierno por la decisión de reprimir. Remarcaron que las cuatro marchas masivas anteriores, la última en mayo, no tuvieron incidentes. También señalaron que en el resto del país miles de personas se manifestaron de forma pacífica. Algunos manifestantes denunciaron la presencia de infiltrados entre los encapuchados, un punto que habrá que esclarecer en la investigación judicial.
Un conflicto que sigue abierto
La movilización se dio en medio de una disputa institucional por la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso la aprobó y la ratificó pese al veto presidencial. Las universidades sostienen que la norma debe cumplirse y destacan que existen decisiones judiciales favorables a su implementación. El Gobierno, en cambio, mantiene su resistencia a aplicarla plenamente por el impacto presupuestario que implica.
Entre los reclamos de la comunidad universitaria figuran también los salarios docentes y el congelamiento de las Becas Progresar, cuyo monto se mantiene en 35.000 pesos desde 2024.
Qué puede pasar
En los próximos días se espera el avance de la causa penal y la situación procesal de los detenidos. Los menores quedaron a disposición de los organismos de protección de la niñez. En paralelo, el conflicto por los fondos universitarios seguirá en el plano judicial y político, y las organizaciones no descartan nuevas medidas de fuerza si no se cumple la ley.
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