Una jueza federal ordenó que el remoto campo de detención de migrantes en los Everglades, en Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, deje de recibir nuevos detenidos y retire la infraestructura adicional agregada al sitio.
La decisión judicial se emitió luego de una demanda presentada por organizaciones ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee, quienes manifestaron su preocupación por el impacto ambiental de la instalación en esta zona ecológicamente sensible.
La orden establece que no se trasladen nuevos detenidos al lugar, más allá de los que ya se encuentran actualmente en la instalación.
La jueza Kathleen Williams también ordenó que se retiren, en un plazo de 60 días, todas las estructuras e instalaciones temporales colocadas para el funcionamiento del centro, incluyendo iluminación, cercas, generadores, sistemas de gas, aguas residuales y contenedores de residuos. Esta medida implica el cierre efectivo del centro de detención.
Ubicado en lo profundo de los humedales de los Everglades, “Alligator Alcatraz” ha sido objeto de críticas desde su construcción. Legisladores que visitaron el sitio describieron condiciones extremas, con migrantes confinados en jaulas bajo calor sofocante, plagas de insectos y escasez de alimentos.
En su fallo, la jueza Williams señaló que el cierre será progresivo en un plazo de sesenta días, destacando la necesidad de desmantelar la infraestructura añadida.
A lo largo del tiempo, ha habido confusión sobre la autoridad responsable del campo de detención. El estado de Florida afirma operar la instalación bajo acuerdos con agencias estatales y locales, junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero funcionarios federales han indicado que es Florida quien toma las decisiones diarias sobre su funcionamiento.
Críticos han señalado que esta falta de claridad sobre la cadena de mando complica la rendición de cuentas y debilita la supervisión.
Elise Pautler Bennet, abogada de uno de los grupos demandantes, celebró la decisión judicial, afirmando que presentaron evidencia sólida que justificaba proteger tanto el ecosistema como los derechos de las comunidades locales.
La instalación se encuentra en una zona rodeada por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y tierras tribales de la tribu Miccosukee, todos espacios de alto valor ambiental y cultural.
Construido apresuradamente, el centro está ubicado a poco más de una hora de Miami, sobre una pista de aterrizaje. Se compone de remolques reutilizados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y carpas, rodeados por cercas.
Uno de los grupos demandantes, Friends of the Everglades, tiene una historia de oposición a desarrollos en esa misma ubicación desde 1969, según su directora ejecutiva.
Esta demanda es una de las dos que actualmente avanzan en el sistema judicial federal. La segunda acción legal se centra en el acceso legal de los detenidos a representación jurídica.
La representante federal Frederica Wilson, demócrata de Florida, también expresó su satisfacción con el fallo. Calificó la instalación como “cruel, descuidada y destructiva”, y afirmó que nunca debió haberse construido.
En documentos judiciales recientes, el estado de Florida anunció su intención de apelar el fallo de la jueza.
Alex Lanfranconi, vocero del gobernador Ron DeSantis, declaró que “las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, sin emitir comentarios adicionales sobre la orden judicial.