La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cumplió este 4 de noviembre de 2026 sus primeros cien días de gobierno con un balance atravesado por dos rasgos: una apuesta fuerte por la mano dura en seguridad, inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, y una caída sostenida en su aprobación. Según los análisis de la prensa peruana y de la agencia EFE, los anuncios fueron muchos, pero los resultados todavía no convencen a buena parte de la ciudadanía.
Claves de la noticia
- Según Ipsos, la aprobación de Fujimori pasó del 57 % con que asumió al 40 % en octubre, mientras que el rechazo subió del 25 % al 49 %.
- Una encuesta de Datum Internacional indica que el 47 % de los peruanos califica sus primeros cien días como «regulares», el 38 % como «malos» y solo el 10 % como «buenos».
- El Congreso le otorgó facultades legislativas en 27 de las 66 materias que había pedido, centradas en seguridad ciudadana y en la prevención ante el fenómeno de El Niño.
- En materia penitenciaria, el Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas para custodiar accesos de cárceles hacinadas y reporta la caída de 42 antenas de telefonía ilegales en cuatro penales.
- Según los medios consultados, no se observa una baja sostenida de los homicidios, que era la principal promesa de campaña.
Un arranque marcado por la seguridad
Fujimori llegó al poder con la promesa de restablecer el orden en sus primeros cien días. Ese fue el eje de su campaña y, también, el terreno donde el Gobierno buscó mostrar sus resultados más visibles. La administración destaca que las Fuerzas Armadas pasaron a custodiar los accesos de algunas de las cárceles más sobrepobladas del país, que se realizaron requisas similares a las vistas en El Salvador y que se desmontaron antenas que permitían a los internos coordinar delitos desde prisión.
Sin embargo, distintos medios peruanos, entre ellos Forbes Perú y La Jornada, señalan que las cifras oficiales de muertes violentas no muestran todavía un descenso sostenido. Otras promesas, como los centros de comando y la videovigilancia en las ciudades, siguen sin concretarse, según recordó el canal ATV en su repaso de los compromisos pendientes.
El Ejecutivo también planea declarar como «grupos hostiles» a las bandas criminales, una figura que permitiría a los militares enfrentarlas sin necesidad de decretar un estado de excepción. La iniciativa forma parte del giro hacia el denominado «modelo Bukele», que sus defensores consideran una respuesta firme a la extorsión y el sicariato, y que sus críticos cuestionan por el riesgo para los derechos humanos.
El freno del Congreso y la demora de los decretos
Parte de la explicación oficial sobre la falta de resultados está en el tiempo que tardó el Gobierno en obtener herramientas legales. Según reportó EFE, durante buena parte de estos tres meses no hubo medidas de impacto contra el crimen organizado porque el Ejecutivo esperó las facultades delegadas. La Cámara de Diputados aprobó una primera versión el 7 de octubre, y el Senado amplió el paquete y dio su aprobación final el 21 de octubre, por 35 votos a favor y 18 en contra.
Aun así, el Congreso recortó de manera considerable el pedido: de 66 materias solicitadas, concedió 27. Legisladores críticos, consultados por el diario Gestión, cuestionaron que diez días después de otorgadas las facultades el Gobierno todavía no hubiera presentado los decretos sobre seguridad y El Niño, una de las urgencias que el país enfrenta en las próximas semanas.
El acercamiento a Estados Unidos
El otro gran rasgo de estos cien días es el giro de la política exterior hacia Washington. Según el análisis difundido por EFE, el Gobierno peruano se acercó a la administración de Donald Trump a través del llamado Escudo de las Américas, una alianza de seguridad impulsada desde la Casa Blanca. El movimiento ubica a Perú en la órbita de los países de la región que buscan cooperación estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Qué puede pasar ahora
Con una aprobación a la baja y un Congreso que condiciona su agenda, el desafío de Fujimori en los próximos meses será transformar los anuncios en resultados medibles. La publicación de los decretos de seguridad, la reducción de los homicidios y la prevención ante El Niño serán los puntos que la ciudadanía observe con más atención. Varios analistas coinciden en que todavía es pronto para un juicio definitivo sobre una gestión de cinco años, pero advierten que la paciencia social con las promesas de mano dura suele ser limitada si no hay mejoras concretas en la vida cotidiana.
