La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este miércoles la postura oficial de su administración en contra de la pena de muerte, tras conocerse que Estados Unidos no solicitará dicha condena para los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael “el Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero, actualmente detenidos en ese país.
“Nosotros no estamos a favor de la pena de muerte, sin importar el delito que se haya cometido. Es una convicción basada en principios, no una opinión personal. Por lo tanto, cuando se toma una decisión en la que no se contempla esta medida, está alineada con la política del Estado mexicano”, expresó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.
El martes, las autoridades estadounidenses notificaron al tribunal del Distrito Este de Nueva York que no buscarán la pena capital para Zambada ni para Caro Quintero, de acuerdo con documentos judiciales presentados por el fiscal Joseph Nocella Jr. Dichos escritos fueron dirigidos a los jueces Brian Cogan y Frederic Block, encargados de los respectivos casos.
En ambos documentos, la Fiscalía indica que ha recibido autorización oficial para no solicitar la pena de muerte, decisión que aún se encontraba bajo evaluación hasta hace pocas semanas.
Sheinbaum también recordó que, en los tratados de extradición que México mantiene con otros países, se establece como condición que no se aplique la pena de muerte a ciudadanos mexicanos entregados a otro país, ya que esta práctica está prohibida por la legislación nacional.
No obstante, aclaró que ni Zambada ni Caro Quintero fueron extraditados mediante ese proceso legal. En el caso de Zambada, fue detenido el 25 de julio del año pasado en Texas, tras ser supuestamente engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, para abordar un vuelo a Estados Unidos. Zambada se declaró inocente en septiembre de 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.
Por su parte, Rafael Caro Quintero, conocido como “Don Rafa” y señalado como uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, fue enviado a Estados Unidos en febrero de este año junto con otros 28 presuntos delincuentes. Su traslado se realizó al amparo de una disposición de la Ley de Seguridad Nacional, que permite al Gobierno mexicano expulsar a personas sin necesidad de un proceso formal de extradición. Días después de su llegada, se declaró inocente de los cargos en su contra, entre ellos el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, además de otros relacionados con el narcotráfico.