El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, ha revocado más de 6.000 visas de estudiantes durante el año en curso, como parte de una ofensiva más amplia impulsada por la administración Trump contra estudiantes internacionales que, según las autoridades, han violado las leyes migratorias o penales del país.
Un funcionario del Departamento de Estado confirmó este lunes que la mayoría de las revocaciones están relacionadas con infracciones legales, incluyendo delitos como agresión, conducir bajo los efectos del alcohol, robo, y en algunos casos, por presuntos vínculos con actividades terroristas. De acuerdo con sus declaraciones, unas 4.000 visas fueron retiradas debido a violaciones de la ley, mientras que entre 200 y 300 casos fueron relacionados con sospechas de terrorismo, conforme a disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Estas medidas coinciden con un endurecimiento general de las políticas migratorias aplicadas a estudiantes extranjeros, en particular aquellos que han participado en protestas relacionadas con la guerra en Gaza. Funcionarios de la administración han vinculado algunas de estas manifestaciones con actos de antisemitismo o de apoyo al terrorismo, lo que ha intensificado el escrutinio sobre ciertos grupos de estudiantes.
Uno de los casos más notorios fue el de Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, cuya visa fue revocada. Fue detenida por agentes federales en marzo y retenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque un juez ordenó su liberación en mayo.
En junio, nuevas directrices fueron emitidas a embajadas y consulados, instruyendo a los funcionarios a evaluar más estrictamente las actitudes ideológicas de los solicitantes. Las medidas incluyen el requerimiento de hacer públicos los perfiles en redes sociales, con la advertencia de que la falta de transparencia digital podría interpretarse como un intento deliberado de ocultar información.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente las políticas, subrayando que la emisión de una visa de estudiante es un privilegio, no un derecho. «Las visas de todo tipo se niegan todos los días», declaró, justificando la facultad del Gobierno para revocar visados si emergen nuevas evidencias.
El impacto de estas políticas ya comienza a sentirse en el ámbito académico y económico. Aunque en el año fiscal 2024 se emitieron alrededor de 400.000 visas F1, se prevé un descenso considerable este año. La suspensión temporal de nuevas citas y la implementación de evaluaciones más estrictas podrían reducir las emisiones significativamente.
Un análisis conjunto de NAFSA y JB International estima una caída del 30 a 40 % en la inscripción de nuevos estudiantes internacionales, lo que podría traducirse en una disminución del 15 % en la matrícula total este otoño. Esta baja afectaría directamente a las economías locales, con pérdidas proyectadas de hasta 7.000 millones de dólares y más de 60.000 empleos.
“Sin una recuperación significativa en la emisión de visas en julio y agosto, hasta 150.000 estudiantes menos podrían llegar este otoño”, advirtió NAFSA.