La crisis por el control del Tribunal Constitucional de Polonia escaló entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre de 2026 en Varsovia: la policía rodeó la sede del organismo, el presidente Karol Nawrocki interrumpió su visita oficial a Senegal para volver de urgencia al país y el propio tribunal denunció en sus redes un supuesto «golpe de Estado». El detonante fue la suspensión de su presidente, Bogdan Święczkowski, decisión que el Gobierno de Donald Tusk respalda y que el jefe de Estado rechaza.
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Claves de la noticia
- La policía desplegó un fuerte operativo alrededor del Tribunal Constitucional en Varsovia el viernes 30 de octubre; la fuerza aseguró que actuó ante posibles amenazas a jueces y personal y negó haber irrumpido en el edificio.
- Se anunció la suspensión del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, en una decisión impulsada por una jueza alineada con el Ejecutivo; la conducción cuestionada sostiene que ambos siguen en sus cargos.
- Nawrocki cortó su viaje a Senegal, regresó a Varsovia y, según distintos medios, ingresó al edificio entre forcejeos y pidió retirar el bloqueo policial.
- La policía informó de tres detenidos durante las protestas y dijo que algunos manifestantes arrojaron objetos a los agentes.
- El tribunal calificó lo ocurrido como «golpe de Estado»; el partido Ley y Justicia (PiS) habló de un ataque, mientras el Gobierno defiende su postura.
Qué pasó en Varsovia
Según los reportes de medios internacionales, la tensión se disparó el viernes por la tarde, cuando la página web del Tribunal Constitucional anunció la suspensión de su presidente, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente. La medida fue atribuida a una jueza cuya condición de magistrada es disputada por la actual conducción del organismo, que además denunció que su sitio institucional fue tomado de manera ilegal.
Con ese telón de fondo, efectivos policiales rodearon el edificio y bloquearon los accesos. La policía de Varsovia explicó que actuó a pedido de las autoridades y por información sobre posibles amenazas a jueces y empleados, y afirmó que no ingresó a la sede. Otros medios, en cambio, informaron que hubo agentes antidisturbios dentro del inmueble, por lo que las versiones difieren y todavía no están confirmadas de manera independiente.
Durante la noche se concentraron cientos de manifestantes opositores frente al tribunal para repudiar la suspensión. La policía confirmó tres detenciones y sostuvo que un grupo intentaba forzar la valla que protege el recinto. En paralelo, el Tribunal Constitucional publicó en su cuenta oficial en X que quienes participan en estas acciones cometen «el delito de golpe de Estado».
El papel de Nawrocki y la reacción política
Nawrocki, aliado de la oposición conservadora, interrumpió su visita a Senegal y regresó a Polonia. De acuerdo con varios medios, el sábado por la madrugada llegó al tribunal, entró al edificio entre empujones y forcejeos y ordenó a la policía levantar el bloqueo, en nombre de «restablecer el orden legal». Un asesor del Gobierno llegó a acusarlo de agredir físicamente a una jueza, versión que proviene de una de las partes y que no fue verificada.
Desde el PiS, el líder Jarosław Kaczyński calificó lo sucedido como un ataque de los «servicios de Tusk». El Gobierno, por su parte, sostiene que el tribunal no funcionaba con normalidad y que era necesario intervenir. Por eso, buena parte de la discusión gira en torno a quién ejerce legítimamente la conducción del organismo.
Antecedentes de un conflicto de años
El choque no es nuevo. Desde que Tusk volvió al poder tras las elecciones de 2023, su coalición intenta revertir los cambios que el anterior gobierno del PiS introdujo en el sistema judicial, un reclamo que también venía haciendo Bruselas. El Ejecutivo no reconoce plenamente la legitimidad del Tribunal Constitucional actual, integrado por magistrados designados durante esa etapa, y el organismo, a su vez, frenó proyectos de reforma judicial del oficialismo.
A eso se suma el cruce con la Presidencia: Nawrocki, que asumió con el respaldo del PiS, vetó o bloqueó buena parte de la agenda de Tusk y se negó a aceptar algunos nombramientos judiciales. La coalición oficialista cuenta con una mayoría estrecha en el Sejm, la cámara baja, lo que limita su margen para sortear esos bloqueos. Analistas citados por la prensa internacional creen que el Gobierno buscó forzar el choque pensando en las elecciones de 2027.
Qué puede pasar ahora
La situación seguía abierta al cierre de esta nota. Hay dos conducciones que se reclaman legítimas dentro del mismo tribunal, un presidente de la República que respalda a una de ellas y un Gobierno que sostiene a la otra. Las próximas horas dependerán de si se mantiene el cerco policial, de nuevas movilizaciones y de cómo respondan los jueces y la Justicia ordinaria.
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