El Tribunal Supremo de Brasil ha dictado arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de un proceso judicial por su presunta participación en un plan para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
La orden fue emitida este lunes por el magistrado Alexandre de Moraes, quien argumentó que Bolsonaro violó las restricciones previamente impuestas por la corte, entre ellas, la prohibición de utilizar redes sociales y teléfonos móviles.
Según el fallo, Bolsonaro habría grabado mensajes destinados a ser difundidos en cuentas de redes sociales de otras personas, en los que incluso se observa que lleva una tobillera electrónica. El juez sostuvo que esto infringía una orden judicial que impedía la difusión de declaraciones públicas o privadas a través de plataformas digitales, incluso mediante intermediarios.
El expresidente deberá permanecer en su domicilio, sin recibir visitas, salvo las de sus abogados y otras personas autorizadas por el tribunal. También se le prohíbe el uso de teléfonos móviles, ya sea de forma directa o a través de terceros.
Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, expresó su rechazo a la medida en declaraciones a CNN Brasil, asegurando que su padre nunca desobedeció una orden judicial. “Estamos viviendo una dictadura. Hoy es un día oscuro para Brasil”, afirmó.
Cabe recordar que en febrero, Jair Bolsonaro fue acusado formalmente por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado, que buscaba anular los resultados de las elecciones de 2022 e impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia. La fiscalía sostiene que el plan incluía incluso el asesinato de Lula, su vicepresidente y un juez del Supremo.
Bolsonaro ha rechazado todas las acusaciones y niega haber cometido algún delito.
El expresidente estadounidense Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, ha criticado duramente el juicio en su contra, calificándolo de una persecución con motivaciones políticas. La semana pasada, impuso aranceles del 50 % a productos brasileños, medida que había advertido que aplicaría si no se detenía el proceso contra Bolsonaro.
En respuesta, Estados Unidos también sancionó al juez Alexandre de Moraes, acusándolo de violaciones graves a los derechos humanos, y anunció restricciones de visado tanto para él como para otros funcionarios judiciales involucrados en el caso.
A su vez, el presidente Lula da Silva arremetió contra Washington por las sanciones y los nuevos aranceles, acusando al gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos del sistema judicial brasileño.
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