El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la entrada en vigor de un estado de emergencia en la ciudad de Lima y en la provincia portuaria del Callao, a partir de la medianoche del miércoles (05:00 GMT), con una duración inicial de 30 días. La medida busca contener el avance de la delincuencia organizada en la capital y sus alrededores, una problemática que ha escalado de forma alarmante en los últimos meses.
En un mensaje a la nación transmitido por televisión y redes sociales, Jerí —quien asumió el cargo hace menos de dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte— afirmó que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada”, generando un profundo impacto en la sociedad y en la economía nacional. Sin detallar las acciones concretas, aseguró que “hoy empezamos a cambiar la historia” y sostuvo que la lucha contra el crimen permitirá “recuperar la paz y la tranquilidad”.
“La guerra se gana con acciones y no con palabras”, afirmó el mandatario, en un discurso que evitó precisar medidas específicas, aunque apeló a un tono firme.
El decreto del estado de emergencia fue publicado en el diario oficial El Peruano e incluye la suspensión temporal de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Estas restricciones se aplican en un contexto de creciente malestar social, con protestas activas contra el Gobierno y el Congreso motivadas, en parte, por el deterioro de la seguridad ciudadana.
La medida también contempla la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo, como estaciones de transporte público, mercados, instituciones públicas y otros puntos críticos. Se prevé la instalación de comandos de campaña temporales y operativos masivos para el decomiso de armas, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
En el sistema penitenciario, el estado de emergencia establece restricciones adicionales, incluyendo la limitación de visitas a internos y la reducción del suministro eléctrico en las celdas —con iluminación mínima—, así como el desmantelamiento de antenas de telecomunicaciones ilegales dentro de las prisiones, con participación activa de las Fuerzas Armadas.
El Consejo de Ministros se reunió durante toda la jornada del martes para definir los lineamientos legales de la medida, que ya había sido anticipada por el presidente Jerí en días previos. Horas antes de su mensaje oficial, el mandatario publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “De la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”.
Aunque no se trata de una medida inédita en el país —el estado de emergencia ha sido utilizado previamente en distritos de Lima y otras regiones para combatir problemas como la minería ilegal—, esta es una de las declaraciones más amplias a nivel urbano en los últimos años, y busca dar respuesta a una crisis de seguridad que afecta a un tercio de la población nacional.
Las protestas sociales y paros en sectores como el transporte urbano, que han dejado decenas de fallecidos en lo que va del año, reflejan el descontento ciudadano frente al avance del crimen organizado. Esta situación fue uno de los factores clave que precipitó la salida de Dina Boluarte del poder el pasado 9 de octubre.
Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), el país registró 575 homicidios durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2025, la cifra más alta del año, apenas por debajo del pico de 580 asesinatos alcanzado en el último trimestre de 2024. Desde mediados de la década pasada, Perú ha experimentado un incremento sostenido en los índices de violencia, superando el umbral de 500 homicidios trimestrales desde 2024, cuando en años anteriores esa cifra era inferior a la mitad.
Con esta medida, el Gobierno de José Jerí apuesta por un enfoque más contundente frente a la criminalidad, en un contexto político y social marcado por la inestabilidad y la presión ciudadana.