Irán se enfrenta a una inminente reimposición de sanciones por parte de la ONU si no accede a retomar las negociaciones sobre su programa nuclear y permite nuevamente las inspecciones internacionales de sus instalaciones. La decisión podría tomarse en cuestión de semanas, tras una posible activación del mecanismo “snapback”, contemplado en el acuerdo nuclear de 2015.
Este martes, Irán mantendrá una reunión crucial con representantes de Francia, Alemania y el Reino Unido —el llamado grupo E3—, en un último intento por evitar el restablecimiento automático de las sanciones que fueron levantadas hace una década como parte del acuerdo nuclear conocido como JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto).
Los tres países europeos ya notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU que están preparados para activar el mecanismo de restitución si Irán no revierte las violaciones de sus compromisos nucleares. En una carta enviada la semana pasada, los ministros de Exteriores del E3 afirmaron que Teherán ha incumplido “la casi totalidad” de sus obligaciones en el marco del JCPOA.
El acuerdo original, firmado en 2015 entre Irán, Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias mundiales, otorgó a Irán un alivio significativo de las sanciones internacionales a cambio de limitar su programa nuclear de forma estricta y verificable. Sin embargo, el pacto comenzó a deteriorarse tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 durante la presidencia de Donald Trump.
Desde entonces, Irán ha acelerado el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al grado de armamento y ha restringido el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en particular después de los ataques a sus instalaciones atribuidos a Estados Unidos e Israel durante una guerra de 12 días en junio pasado.
Si no se logra un acuerdo diplomático antes de finales de agosto de 2025, el E3 podría activar el procedimiento que restablece automáticamente todas las sanciones del Consejo de Seguridad levantadas en virtud del acuerdo. Estas incluyen un embargo de armas, restricciones al enriquecimiento de uranio, y la prohibición de adquirir tecnología relacionada con misiles balísticos, medidas que afectan gravemente a los sectores energético y financiero del país.
El proceso de restitución dura 30 días, pero los diplomáticos europeos temen que Rusia, que asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad en octubre, pueda interferir o bloquear los avances, complicando aún más una situación ya crítica.