Diversas organizaciones piqueteras, sociales y sindicales, junto con representantes del ámbito educativo y sanitario, confirmaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria convocada para el martes 17 de septiembre. La movilización tendrá su acto central frente al Congreso de la Nación a partir de las 17:00 y busca visibilizar reclamos vinculados al financiamiento de las universidades públicas y del Hospital Garrahan.
Entre los convocantes se encuentran el Polo Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), además de agrupaciones estudiantiles, docentes, profesionales de la salud y trabajadores del Hospital Garrahan. La consigna central de la jornada es “Nuestro futuro no se veta”, en referencia a recientes vetos presidenciales sobre leyes relacionadas con salud y educación.
Rechazo a los vetos y reclamos por el financiamiento
Según los organizadores, la movilización busca manifestar el rechazo a los vetos del Poder Ejecutivo sobre leyes como la de Emergencia en Salud Pediátrica, que contemplaba, entre otros puntos, mejoras salariales, exenciones impositivas, y un aumento del presupuesto para el Hospital Garrahan.
También se señala un recorte estimado entre el 30 y el 40% en los presupuestos hospitalarios desde diciembre de 2023, lo que, según representantes del sector salud, afecta la capacidad operativa de centros especializados como el Garrahan, en términos de personal, insumos y atención a pacientes.
Desde el sector universitario, se plantea la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, la reducción de becas, y la dificultad para mantener el funcionamiento pleno de las instituciones educativas debido a restricciones presupuestarias.
Declaraciones y posicionamientos
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expresó que la organización participará de la marcha como parte de un proceso de movilización iniciado en los últimos meses, señalando que las demandas se centran en la protección de los servicios públicos esenciales.
Por su parte, Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, cuestionó los fundamentos del Ejecutivo en relación con los vetos y denunció falta de auditorías en programas sociales y alimentarios. Indicó que se produjo una reducción en la asistencia a comedores comunitarios y expresó preocupación por el impacto social de estas medidas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional de Salud coincidente con la jornada del 17 de septiembre. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre los efectos que los recortes podrían tener en el acceso a derechos básicos como salud y educación.
Desde el Frente de Izquierda, el dirigente Alejandro Bodart también manifestó su apoyo a la convocatoria, instando al Congreso a revisar los vetos presidenciales y su impacto en los servicios públicos.
Sesión especial en Diputados y debate sobre el gasto público
En paralelo a la movilización, la Cámara de Diputados convocó una sesión especial para debatir los vetos presidenciales. Legisladores de distintos bloques impulsan la posibilidad de insistir en la sanción de las leyes vetadas, lo que reabriría el debate sobre el financiamiento estatal de áreas sensibles como salud y educación.
El Gobierno, por su parte, argumentó que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal, en línea con su programa económico. Según fuentes oficiales, las restricciones presupuestarias buscan evitar un incremento del déficit y mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Ampliación del respaldo y contexto político
La decisión de las organizaciones sociales de sumarse a la marcha se tomó tras una reunión entre la UTEP y el Frente por la Soberanía, el Trabajo y el Salario, que agrupa a entidades como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otras agrupaciones gremiales.
La movilización del 17 de septiembre se perfila como una de las principales expresiones de protesta en el segundo semestre del año, en un contexto marcado por la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en la antesala de las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre.