La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó una ley que otorga amnistía a policías, militares y miembros de los Comités de Autodefensa con procesos penales pendientes por acciones realizadas entre 1980 y 2000. La norma excluye a quienes tengan condenas firmes o estén implicados en delitos de corrupción o vinculados a agrupaciones ilegales.
Además, la ley permite conceder libertad por razones humanitarias a miembros de las fuerzas del orden mayores de 70 años que se encuentren en prisión, siempre que no hayan sido condenados por corrupción o delitos graves.
Según cifras oficiales, más de mil personas están actualmente bajo investigación o proceso judicial por su participación en las operaciones de seguridad durante ese periodo.
Durante el acto de promulgación, Boluarte destacó que la medida busca cerrar un capítulo doloroso de la historia reciente del país y evitar que quienes protegieron al Estado sigan enfrentando procesos indefinidamente. El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, defendió la legalidad de la norma, señalando que no promueve la impunidad, sino que garantiza el derecho a un juicio en plazo razonable.
La decisión ha generado controversia. Organizaciones como Human Rights Watch criticaron la ley, señalando que socava los esfuerzos por lograr justicia para las víctimas de abusos y debilita el estado de derecho en el país. También hubo posturas contrarias dentro del Congreso, donde algunos legisladores manifestaron preocupación por el posible impacto en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.